El principio de protección integral de la familia

La Constitución Nacional (art. 14 bis), numerosas constituciones provinciales y diversos tratados de derechos humanos de rango constitucional (art. 75 inc. 22), cuando garantizan el amparo de la familia aluden a la familia real, es decir, a la que funciona como tal en la sociedad, que puede tener su origen tanto en el matrimonio como en una convivencia no formalizada.

Los principios de libertad e igualdad contenidos en la Constitución autoriza a los ciudadanos a conformar una unión de pareja y a partir de la misma constituir un núcleo familiar que merece, igualmente, el amparo de la ley. Precisamente, para determinar la seriedad de la relación y otorgarle efectos, las leyes imponen ciertas condiciones a estas convivencias, como singularidad, comunidad de vida, estabilidad, notoriedad. Sin embargo, puede darse, como en el caso, la paradoja de que, a la hora de extenderle un derecho eminentemente social, se rechace su analogía con el matrimonio.

La Corte Suprema expresamente ha interpretado que "la protección constitucional de la familia no se limita a la surgida del matrimonio legítimo, porque a la altura contemporánea del constitucionalismo social sería inicuo desamparar a los núcleos familiares no surgidos del matrimonio". En esta misma línea de pensamiento, los camaristas han reconocido en sus votos esta realidad y juzgaron que la protección de la familia abarca tanto a la conformada por el matrimonio como por una convivencia estable; empero, en su pronunciamiento juzgaron que la diferenciación contenida en la normativa respecto del conviviente no era inconstitucional.

Este amparo se basa en la circunstancia de que la familia cumple importantes funciones sociales que constituyen el punto de encuentro y aceptación de los núcleos que las satisfacen aún sin una consagración formal. Recordemos las palabras de Bidart Campos: "no se puede decir que familia es únicamente el conjunto de personas que tiene una libreta otorgada por el Registro Civil". La familia originada en una convivencia de pareja, cuando reúne las características de estabilidad y permanencia, no difiere de la originada en el connubio, en cuanto a relaciones afectivas, apoyo material, sostén emocional, colaboración conjunta y socialización de los niños. Por lo tanto, la tutela constitucional de la familia, que abarca su amparo social, económico y jurídico, exige regulaciones y políticas públicas que aseguren dicha protección, trátese de una familia nacida del matrimonio o una convivencia de hecho. Cabe resaltar que el derecho a la seguridad social ha sido pionero, por la dinámica de sus mismos principios tutelares, en regular las cuestiones referidas a las convivencias de pareja, tanto en el campo previsional como de las obras sociales.

El art. 36 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires reconoce a la familia como núcleo primario y fundamental de la sociedad y compromete a la Provincia a establecer políticas que procuren su fortalecimiento y protección moral y material. En consecuencia, debe contar con las prestaciones de salud, propias de un sistema de seguridad social con basamento constitucional.

El art. 23 de la ley 6982 provincial nos dice que el beneficio abarca a las "personas que integran el núcleo familiar del afiliado directo", concepto que indudablemente abarca al conviviente estable con quien se ha conformado una familia. Por lo tanto, la reglamentación, cuya inconstitucionalidad se discute, al limitar los derechos del conviviente vulnera el principio de protección de la familia y perjudica a una apreciable cantidad de núcleos familiares que ven lesionados sus derechos sociales, no sólo el derecho a la salud de quien pretende se le reconozca su derecho a la obra social del conviviente, sin pago de la cuota adicional, sino que afecta, además, las posibilidades de desenvolvimiento de todo el grupo familiar.

FALLO JUDICIAL:

La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró este martes la inconstitucionalidad de los artículos 2º, 4º, 18 y 30 de la ley 26.855, que estableció una nueva regulación del Consejo de la Magistratura de la Nación, y del decreto 577/13, que realiza la convocatoria para la elección de candidatos a consejeros.

El fallo fue firmado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda (voto mayoritario), Enrique Petracchi y Carmen Argibay (voto concurrente) y Raúl Zaffaroni (en disidencia), en la causa “Rizzo, Jorge Gabriel”, que llegara a instancia del Máximo Tribunal vía per saltum.

LA DECISIÓN:

• Declarar la inconstitucionalidad de los artículos 2º, 4º, 18 y 30 de la ley 26.855, y del decreto 577/13.

• Declarar la inaplicabilidad de las modificaciones introducidas por la ley 26.855 con relación al quórum previsto en el artículo 7º, al régimen de mayorías y a la composición de las comisiones del Consejo de la Magistratura, de conformidad con lo previsto en el artículo 29 de dicha ley.

• Disponer que en los puntos regidos por las normas declaradas inconstitucionales e inaplicables, mantendrá su vigencia el régimen anterior previsto en las leyes 24.937 y sus modificatorias 24.939 y 26.080.

• Dejar sin efecto la convocatoria a elecciones para los cargos de consejeros de la magistratura representantes de los jueces de todas las instancias, de los abogados de la matrícula federal y de otras personas del ámbito académico y científico establecida en los artículos 18 y 30 de la ley 26.855 y en los artículos 1º, 2º, 3º y concordantes del decreto 577/13.

• Aclarar que lo resuelto no implica afectación alguna del proceso electoral para los cargos de diputados y senadores nacionales establecido en el decreto 501/13.

Efectos:

Con relación al proceso electoral: los jueces Lorenzetti, Highton, Fayt y Maqueda señalan que esta ya suspendido por decisiones anteriores dictadas por jueces de distintas jurisdicciones. El Juez Zaffaroni agrega (considerando 17) que, como consecuencia de ello, se ha producido "una extraña circunstancia que lleva a resolver una cuestión que bien podría considerarse como materialmente abstracta". Los jueces Petrachi y Argibay no hacen referencia a otras decisiones jurisdiccionales, sino a la suspensión ordenada por la Corte.

La elección de diputados y senadores nacionales no es afectada.

Con relación al Consejo de la Magistratura: al declararse la inconstitucionalidad, la mayoría (seis jueces) señalan que debe funcionar el consejo con la anterior ley, para evitar una parálisis de su funcionamiento, conforme se decidiera en casos anteriores.